Alpala

Alpala, nuestro proyecto estrella, ha producido algunas de las mayores intercepciones de perforaciones en la historia de exploración de pórfidos de cobre y oro

Proyectos regionales

Nuestra Estrategia Pan-Ecuatoriana

Minería en ecuador

La minería está en proceso de convertirse en el segundo pilar de la economía del Ecuador

Sustentabilidad

Estamos comprometidos con un enfoque sostenible.

MINERíA EN ECUADOR

El gobierno de Ecuador, bajo el liderazgo del presidente Lenín Moreno, está interesado en desarrollar una industria minera sostenible a gran escala, la cual está en una etapa inmadura si se la compara con países vecinos como Chile y Perú.

La minería está en proceso de convertirse en el segundo pilar de la economía de Ecuador durante este mandato gubernamental y es un componente clave de la estrategia de Ecuador para diversificar su economía dependiente del petróleo. Se esperan US $ 4 mil millones en inversión minera para 2021.

En 2017, los esfuerzos de Ecuador fueron reconocidos en un escenario internacional. El país ganó el Premio al País de América Latina 2017 en Mines & Money Americas en Toronto y el país más innovador en Mines & Money Londres.

FASES MINERAS

FASE 1

Exploración inicial

4 años

FASE 2

Exploración avanzada

4 años

FASE 3

Evaluación económica

2 años

FASE 4

Explotación

11 PROYECTOS
PRIORITARIOS IDENTIFICADOS

72 concesiones cuidadosamente seleccionadas han sido identificadas por SolGold como las áreas más prospectivas otorgadas en todo el Ecuador.
Son 100% de propiedad de cuatro subsidiarias.

La legislación minera del Ecuador ha logrado grandes avances en los últimos años.

LEGISLACIÓN

La legislación relativa a la minería en Ecuador ha logrado grandes avances en los últimos años ya que el gobierno tiene cada vez más apertura a la inversión dirigida por el Estado. Sin embargo, aún queda espacio para mejorar, por lo que frecuentemente se presentan propuestas de reforma a la legislación actual. En el siguiente Apéndice se incluye información adicional con una breve cronología de los principales cambios:

La minería en Ecuador se rige, principalmente, por la Ley de Minería (LM), emitida el 29 de enero de 2009, y por el Reglamento General de la Ley de Minería (RGLM) emitido el 16 de noviembre de 2009. La LM y el RGLM reconocen, regulan y clasifican las actividades mineras en función de los niveles de producción, como la minería a pequeña, mediana y gran escala; así como la minería artesanal. También existen regulaciones específicas sobre seguridad en minas, cuestiones ambientales, minería de minerales particulares, entre otros.

De conformidad con el Decreto Ejecutivo 578, publicado en la Gaceta Oficial No. 448 del 28 de febrero de 2015, la industria minera es administrada principalmente por el Ministerio de Minería (“Ministerio”) y su Agencia de Control y Regulación Minera (“ARCOM”, por sus siglas en español). También participan en la industria minera el Instituto Nacional de Investigación Geológica, Minera y Metalúrgica, la Compañía Minera Nacional y, hasta cierto punto, los municipios.

El Ministerio tiene el deber de supervisión general de la actividad minera en el país y, más notablemente, es la entidad que otorga, administra y extingue todos los derechos mineros. ARCOM es la entidad técnica especializada a cargo de supervisar todas las fases de la actividad minera.

RECONOCIMIENTO INICIAL Y EXPLORACIÓN

De conformidad con la LM existe una libertad de reconocimiento en el Ecuador, lo que significa que cualquier persona o entidad, nacional o extranjera, puede realizar una actividad de reconocimiento en búsqueda de depósitos minerales en todo el territorio nacional, excepto en las áreas protegidas, zonas dentro de los límites de las concesiones mineras, áreas urbanas, pobladas, arqueológicas, activos declarados de utilidad pública y áreas especiales de minería.

AMBIENTE

El titular de una concesión minera debe obtener un registro o licencia ambiental antes de iniciar las actividades en función de su fase minera. Según la LM, para todas las fases mineras diferentes a la exploración inicial, es necesario tener una licencia ambiental para llevar a cabo actividades mineras. Por lo tanto, para la exploración inicial, se requiere un registro ambiental que es relativamente simple de conseguir porque no requiere una evaluación de impacto ambiental ni el plan de gestión ambiental. En cambio, en el proceso de obtención de una licencia ambiental, el concesionario minero debe presentar, entre otros requisitos, estudios ambientales que demuestren cómo pretende prevenir, mitigar, controlar y reparar el impacto ambiental resultante de sus actividades. Estos estudios deben presentarse al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación y la consiguiente concesión de una licencia ambiental.

En el proceso de concesión de licencias ambientales y una vez que se cumplan todos los requisitos (incluida la aprobación en la evaluación de impacto ambiental y el plan de gestión ambiental) el concesionario minero debe emitir una garantía a favor del Ministerio de Medio Ambiente como garantía de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. La cantidad puede variar, pero generalmente es el 100% del costo total del plan de manejo ambiental más las tarifas administrativas. Todas esas tarifas están establecidas en la legislación y normativa ambiental pertinentes. La garantía medioambiental actual de ENSA es de $ 143, 812.50.

Además, un año después de la emisión de la licencia ambiental, el concesionario debe presentar una auditoría de cumplimiento ambiental que permita a las autoridades supervisar y confirmar el plan de gestión ambiental. ENSA completó satisfactoriamente dicha auditoría el año pasado para Cascabel. Después del primer año, las auditorías de cumplimiento ambiental deben presentarse cada dos años.

Cierre

Los estudios e informes ambientales realizados por los titulares de las concesiones mineras están obligados a incluir una descripción de los planes preparados para el cierre de las minas y la rehabilitación y remediación de cualquier daño ambiental causado.

Además, dos años antes de que cesen las operaciones mineras, el titular de la concesión minera debe presentar, bajo aprobación del Ministerio de Medio Ambiente, un Plan de Cierre de Operaciones que detalle las medidas de rehabilitación y remediación. Ello incluye implementar un proceso para verificar el cumplimiento, un plan de compensación por impactos sociales y todas las garantías exigidas por las normativas medioambientales.

El Plan de Cierre de Operaciones debe incluir medidas para evitar la contaminación del agua, prever la reforestación, evitar la contaminación de la tierra, conservar la flora, la fauna y el ecosistema, así como gestionar la eliminación de residuos.

PERSONAS INDÍGENAS Y ADJUDICADORES

Derechos de las personas y entidades indígenas y dueños de títulos nativos.

La legislación minera no establece requisitos para la propiedad de entidades o personas indígenas. Sin embargo, tanto la Constitución como la Ley de Minería establecen la obligación de consultar a las comunidades locales e indígenas con respecto a la exploración y explotación de minerales en sus territorios cuando dichas actividades pueden afectar sus intereses.

Derechos de uso de las tierras y relaciones con los propietarios de las tierras.

De conformidad con la Ley Minera, el titular de una concesión minera tiene una servidumbre sobre la superficie de la tierra para ejercer debidamente sus derechos mineros. Los derechos que emanan de esta servidumbre incluyen, entre otros, el derecho a ocupar ciertas áreas para la construcción requerida para actividades mineras, así como toda la infraestructura asociada. La servidumbre debe estar incluida en el registro de minería administrado por la ARCOM.

El propietario del terreno superficial tiene derecho a recibir el pago del titular de la concesión minera por la servidumbre otorgada. En ciertos casos, los derechos de servidumbre, incluidos los términos y condiciones, se acuerdan expresamente y se establecen en los contratos celebrados entre el titular de la concesión y el propietario de la superficie. Si no se llega a un acuerdo, la ARCOM puede ordenar la creación de la servidumbre y determinar los pagos obligatorios debidos al propietario de la tierra. El titular de la concesión no tiene derechos de expropiación sobre la tierra.

IMPUESTOS Y DERECHOS

01

Impuesto sobre la renta aplicado a una tasa del 22% de los beneficios obtenidos. El inversionista puede optar por acelerar la tasa de depreciación entre 5 y 10 años para aumentar su protección fiscal en los primeros años.

02

El impuesto a la participación de los beneficios laborales se aplicó a una tasa del 15% (de los cuales el 12% se destina al Estado, el 3 %  a los empleados de la minería a gran escala y el 10 y el 5% en el caso de minería pequeña y mediana escala respectivamente).

03

Impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicado a una tasa del 14%.

04

Otros impuestos municipales y cotizaciones a la seguridad social. En 2015, el primero ascendió a US $ 33,000 (aproximadamente) y la seguridad social a poco menos de US $360,000 en función del número de empleados.

 
05

La tasa anual de patente de conservación que el titular de la concesión pagará, por cada hectárea minera, se debe pagar en marzo de cada año, como se explicó anteriormente.

06

Impuesto sobre ganancias extraordinarias:
a) Se aplica bajo una fórmula clara y transparente.
b) Solo se aplica después de que la compañía haya recuperado su inversión de capital total antes de la operación comercial. En la medida en que las operaciones puedan expandirse en etapas, el gasto de capital aplicable a cada etapa y el exceso de ganancias generado por esa etapa se tratan de manera independiente.
c) El Decreto presidencial 475 define el cálculo de tal manera que el impuesto se aplica solo a las ganancias generadas por los precios de productos básicos que exceden, en una desviación estándar, los precios promedio de los diez años anteriores.

Regalías

Además de los impuestos descritos anteriormente, el concesionario de una empresa minera a gran escala debe pagar al Estado una regalía de no menos del 5 % del valor de todas las ventas y no más del 8% para el caso específico de oro, plata y cobre. Para la minería a escala media, la regalía es del 4% y, para la minería en pequeña escala, la regalía es del 3% del valor de todas las ventas. La minería artesanal no está sujeta a regalías.

APÉNDICE

Una breve cronología de la legislación minera y el “impuesto a las ganancias inesperadas”

01

El artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) estableció el concepto de “Ajuste Soberano”, que definió la participación del Estado ecuatoriano representado por el gobierno en los beneficios de la explotación de los recursos naturales. Esa participación no debe ser menor que la de la empresa que explota el recurso.

02

En enero del 2009, la “Ley de minería” se aprobó en virtud de la Constitución. Este es un proceso aplicable a todas las demás leyes.

03

En noviembre de 2009 se aprobó el “Reglamento General de la Ley de Minería”, un documento subordinado a la Ley de Minería.

 
04

En julio de 2013 se aprobó la “Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería y Otros”, que aclara el concepto de “beneficio extraordinario” vinculado al impuesto a y las ganancias extraordinarias. El Artículo 30 de esta Ley reemplazó el Artículo 165 de la “Ley de Impuestos del Ecuador” (Ley Reformatoria de Equidad Tributaria) y explica qué se entiende por “ganancia extraordinaria”. También dejó en claro que toda inversión realizada antes del logro de la producción comercial se recuperará antes de que se aplique el impuesto a las ganancias inesperadas.

 
05

En octubre de 2014, reconociendo que los cambios eran necesarios para atraer inversiones al sector minero y basándose en las recomendaciones formuladas por Wood Mackenzie como asesores del Gobierno, el Reglamento General de la Ley de Minería fue reformado por decreto presidencial. En el decreto, se introdujeron siete artículos en el Reglamento General que explican el cálculo del impuesto extraordinario y la aplicación del Ajuste Soberano aprobado en la Constitución. El Ajuste Soberano se determina utilizando el valor presente neto de los beneficios acumulativos del proyecto después de aumentar el valor de los gastos de capital para reconocer la tasa de rendimiento requerida del inversionista.

06

En diciembre de 2014, una nueva “Ley para incentivar la producción” introdujo el concepto de “Estabilidad fiscal” para los contratos mineros a gran escala. Esto permite que los contratos de minería se negocien con tasas de impuestos y regalías fijadas por los siguientes 15 años de duración del contrato.

07

En diciembre de 2015, el Gobierno aprobó una nueva ley para alentar las inversiones público-privadas y extranjeras (Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera (APP)). Gran parte de esa ley es aplicable a la industria minera, pero lo más relevante para la minería a gran escala es que el IVA será recuperable a partir de enero del 2018.

08

A la luz de las enmiendas del 2016 mencionadas, el gobierno aprobó la Ley de Plusvalía en la que aclara que la concesionaria minera tiene 4 años para recuperar su inversión y pagar el impuesto a las ganancias inesperadas.

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